Los manifestantes que bloquean la frontera con Bolivia desde hace varios días rechazaron una propuesta del gobierno y mantendrán su reclamo. Amenazan con impedir los comicios presidenciales del 5 de junio
AFP.- El sábado por la noche, representantes del gobierno de Alan García y una delegación de la ciudad de Puno habían llegado a un acuerdo que impedía la actividad minera en esa región por un año.
Pero este domingo los manifestantes, que llevan tres semanas de protesta, ratificaron que quieren que esta prohibición sea definitiva y abalada por un decreto supremo. "Rechazamos ese acuerdo porque no ajusta a lo que la población pide", indicó Walter Aduviri, líder del Frente de Defensa de Puno, que dirige la protesta.
El representante de la etnia aymara recordó que las principales demandas son "la cancelación de las concesiones mineras al sur de Puno y la suspensión del proyecto minero Santa Ana (de la canadiense Bear Creek)". "No se ha logrado nada, las protestas continuarán", añadió.
Las manifestaciones se iniciaron en la frontera peruano-boliviana pero el martes pasado se extendieron a Puno, capital regional de 120.000 habitantes, tomada y aislada por unos 15.000 campesinos que llegaron de poblaciones vecinas. El fin de semana, el ambiente era más tranquilo, según corresponsales de la agencia AFP.
Pero Aduviri indicó que "sólo se han replegado por el momento" y advirtió que los bloqueos de carreteras continuarán y se intensificarán las medidas de fuerza hasta que el gobierno acepte sus demandas. "En Puno no habrá elecciones para una segunda vuelta", aseguró. Los comicios será el próximo domingo 5 de junio.
El sábado el gobierno había propuesto la suspensión temporal de la minería en la zona como medida para acabar el bloqueo. "Se suspende por 12 meses la admisión de petitorios mineros en cuatro ciudades puneñas", informó la primera ministra, Rosario Fernández.
También se suspendió por el mismo periodo "el procedimiento de estudio de impacto ambiental de la minera Santa Ana", indicó la funcionaria, que se reunió en Lima con una comisión de Puno integrada por 30 personas, entre alcaldes, congresistas y representantes de la sociedad civil.
Tras el acuerdo algunos bloqueos fueron levantados pero las carreteras principales como la de Puno-Desaguadero (frontera con Bolivia) siguen cerradas por los manifestantes que han colocado piedras y troncos.
Las protestas han provocado el desabastecimiento de productos básicos y la imposibilidad de salir de los turistas que visitan el lugar, atraídos por el Titicaca, el lago navegable más alto del mundo.
