Los meimbros de las fuerzas de seguridad del Perú están acusados de homicidio calificado y desaparición forzada
Lima. - Una corte inició el jueves el juicio a 26 militares implicados en la matanza de 69 campesinos de la comunidad andina de Accomarca en 1985.
Activistas de derechos humanos consideraron histórico que tras 25 años, los deudos de las víctimas tengan posibilidad de encontrar justicia, acotó.
El proceso contra los militares acusados de homicidio calificado y desaparición forzada inició en 2005 pero el juicio público comenzó hasta el jueves en el Penal de Lurigancho, aunque con la ausencia del presunto ejecutor de la masacre, el mayor del ejército Telmo Hurtado, quien se encuentra en Estados Unidos bajo arresto domiciliario por haber mentido a las autoridades migratorias locales.
Un segundo militar implicado en el caso también se encuentra detenido en Estados Unidos.
Otros 24 militares son encausados pero a la fecha solo dos de ellos se encuentran en prisión. El resto obtuvo la libertad con orden de comparecencia, por exceso del plazo de carcelería sin sentencia.
Los acusados enfrentan distintas penas, según su grado de responsabilidad, siendo la máxima pedida por la fiscalía de 25 años de prisión.
La matanza de Accomarca, ubicada en la región de Ayacucho, a 400 kilómetros al sudeste de Lima, se remonta al 14 de agosto de 1985, cuando el entonces teniente Hurtado, al mando de una patrulla del Ejército, incursionó en la comunidad, reunió a 69 campesinos a quienes encerró en tres precarias viviendas y abrió fuego y lanzó granadas contra las inermes víctimas a quienes acusaba de terroristas.
Entre los fallecidos hubo 23 niños, incluso de pocos meses de nacidos, así como mujeres en estado de gestación.
"La justicia llegará cuando se sancione a los responsables. Esto es el inicio, ha sido un camino largo para alcanzar la justicia pero solamente la obtendremos el día que estén sentenciados tanto los autores intelectuales como los ejecutores de la masacre de Accomarca'', dijo a periodistas la abogada de los deudos de las víctimas, Karim Ninaquispe.
Al penal de Lurigancho donde tuvo lugar la primera audiencia acudieron familiares de las víctimas quienes portaban pancartas pidiendo justicia.
Asimismo, un grupo de ex reservistas se apostó en las afueras del penal y desplegó carteles con mensajes a favor de los militares.
Hugo Robles, abogado de uno de los dos militares que se encuentran presos, dijo que su defendido era un simple soldado al que no se le puede achacar responsabilidad en lo sucedido.
``En el proceso demostraremos que mi patrocinado y los soldados en este tipo de operaciones son los menos indicados para pagar las consecuencias de cualquiera que hubiera sido el error o como quiera llamársele'', manifestó.
Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), dijo respecto del caso de Telmo Hurtado, que Perú pidió su extradición hace un año pero su defensa bloqueó la acción presentando un hábeas corpus.
Recientemente un juzgado de Florida denegó el hábeas corpus en segunda instancia.
``El estado (peruano) no ha sido diligente, el estado lo que ha pretendido en mi opinión es dejar pasar el tiempo. A muchas personas, sobretodo a los altos mandos militares de ese tiempo, les conviene que Telmo Hurtado no venga a declarar'', dijo Cano
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